El gobierno federal autorizó en tiempo récord el primer biofungicida de ar del mundo. El proyecto recibirá apoyos públicos en México, pero las ganancias serán privadas. La tecnología plantea riesgos ambientales y sanitarios que, según especialistas y organizaciones, no cuentan todavía con mecanismos adecuados e independientes de evaluación.
México acaba de convertirse en el primer país del mundo en aprobar un biofungicida basado en ar de interferencia. El gobierno federal celebró la decisión como un triunfo de la innovación y la biotecnología. Marcelo Ebrard anunció que la empresa estadounidense GreenLight Biosciences instalará una planta de manufactura en México con una inversión proyectada de hasta 100 millones de dólares y la generación de alrededor de 500 empleos. La autorización se otorgó después de un proceso de nueve meses. Así se publica en una nota en La Jornada.
El ar está presente en todos los seres vivos y ayuda a que nuestro cuerpo y los demás organismos funcionen. Estos nuevos plaguicidas usan ar fabricado en laboratorio para atacar directamente a ciertas partes de un hongo o una plaga. Al hacerlo, impiden que pueda vivir, crecer o reproducirse y terminan por matarlo.
Pero detrás de la narrativa oficial sobre innovación, sostenibilidad y riqueza mexicana (poniendo esta narrativa entre comillas) hay una discusión mucho más grave.
México ha abierto la puerta a una nueva generación de plaguicidas desarrollados mediante ingeniería genética. Lo ha hecho en un país de enorme biodiversidad, mediante una autorización acelerada y, de acuerdo con la investigadora Silvia Ribeiro, sin que existan marcos adecuados e independientes para evaluar los riesgos de esta tecnología.
No hay duda de que una nueva tecnología pueda generar riqueza. La duda es quién o quiénes se benefician con esa riqueza y quién o quiénes asumen los riesgos.
En México: Apoyos públicos, ganancias privadas
El proyecto pertenece a una empresa privada. Sin embargo, recibirá diversos apoyos públicos en México. O sea, parte de la inversión se hará con dinero público pero las ganancias no, esas serán privadas. Silvia Ribeiro advierte además que parte de esas ganancias irá a Bayer-Monsanto, pues GreenLight Biosciences ha licenciado de esa corporación varios componentes de las tecnologías que utiliza.
La fórmula es conocida. El Estado acelera autorizaciones, facilita condiciones, pone infraestructura institucional y ofrece apoyos para atraer inversión. Las corporaciones privadas controlan las patentes y se apropian de las ganancias.
El conocimiento puede construirse con esfuerzos colectivos. La infraestructura es pública. Los riesgos recaen sobre comunidades, ecosistemas y trabajadores. Pero la propiedad intelectual y los beneficios económicos quedan en manos privadas.
La Secretaría de Economía presentó el proyecto como una oportunidad para que México entre en una nueva cadena de valor basada en el conocimiento. Sin embargo, esa expresión necesita una pregunta incómoda: ¿qué parte de esa cadena controlará realmente México y qué parte quedará en manos de las corporaciones que poseen las tecnologías y las patentes?
Porque producir en México no significa necesariamente que la riqueza generada permanezca en México.
Los mismos gigantes de los agrotóxicos detrás de la nueva tecnología
La supuesta revolución de los plaguicidas con ar tampoco está ocurriendo fuera del poder corporativo que históricamente ha dominado la agricultura industrial.
Las empresas que más han invertido en estas tecnologías son Bayer-Monsanto, Corteva, BASF y Syngenta: corporaciones que ya controlan buena parte del mercado mundial de semillas, transgénicos y agrotóxicos. (La Jornada)
No se trata, por tanto, de una ruptura automática con el modelo que ha convertido a la agricultura en un mercado cada vez más dependiente de productos patentados. Puede ser, en cambio, una nueva etapa de ese mismo modelo.
Cambiar un plaguicida químico por una molécula de ar no garantiza una transformación de la agricultura. Menos aún cuando las tecnologías siguen concentradas en las mismas corporaciones que han construido su poder económico sobre la dependencia de los productores a insumos externos.
La innovación tecnológica no es neutral. Importa quién la controla, quién la patenta, quién decide cómo se utiliza e importa quién paga las consecuencias si fracasa.
El ARN de interferencia no es una técnica “ecológica”
La primera operación política de esta nueva industria es el lenguaje. El producto autorizado es presentado como «biofungicida». La palabra «bio» sugiere algo naturalmente seguro. Algo compatible con los ecosistemas. Algo distinto a los plaguicidas. Pero la tecnología no deja de ser un mecanismo diseñado para intervenir en procesos biológicos.
El ARN de interferencia utiliza moléculas sintéticas diseñadas para silenciar o inhibir genes. Según la explicación crítica desarrollada por Ribeiro, estas moléculas buscan afectar a organismos objetivo mediante aplicaciones en ambientes abiertos, por ejemplo a través de aspersiones. La promesa de sus impulsores es que actuarán de manera selectiva sobre una plaga y después se degradarán. (La Jornada)
Sin embargo, ahí aparece uno de los problemas fundamentales. Esa supuesta precisión no elimina la posibilidad de interacciones con otros organismos.
Si existen secuencias compatibles, el ar puede interactuar con otros genes. En el caso de los fungicidas de arn, Ribeiro advierte sobre la relevancia del gen CYP51, presente en numerosos hongos y en una gran cantidad de plantas, microorganismos y animales. (La Jornada)
El riesgo no se limita a una molécula entrando en contacto con un organismo aislado.
Los ecosistemas no son laboratorios.
Un campo agrícola forma parte de una red en la que conviven hongos, microorganismos, insectos, polinizadores, plantas, animales, suelo y agua. Un efecto sobre una especie puede generar consecuencias sobre otras. En un ambiente abierto y biodiverso, los posibles efectos no terminan donde termina la aplicación.
Un experimento a cielo abierto
México es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Precisamente por eso, la aprobación acelerada de una tecnología de este tipo debería exigir el máximo nivel de precaución.
Silvia Ribeiro plantea una advertencia contundente: mientras mayor sea la biodiversidad, mayores son también las posibilidades de combinaciones e interacciones no esperadas. Por ello cuestiona que no existan mecanismos adecuados para evaluar efectos en cascada en ecosistemas abiertos. (La Jornada)
Esto es especialmente importante porque el producto no permanecerá en un espacio controlado. Se utilizará en el campo. Puede entrar en contacto con otros organismos. Con el suelo. Con cuerpos de agua. Con trabajadores agrícolas. Con comunidades cercanas. Con alimentos.
La nota de La Jornada también advierte que las nanopartículas utilizadas en la fabricación y pulverización de estos plaguicidas pueden plantear riesgos adicionales para trabajadores, agricultores, consumidores y el ambiente. (La Jornada)
A pesar de ello, la autorización mexicana se otorgó en apenas nueve meses. La empresa ha destacado públicamente esa rapidez. Su director, Andrey Zarur, afirmó que el proceso fue considerablemente más rápido que los tiempos habituales de evaluación en Estados Unidos y Europa.
La rapidez no es una virtud cuando lo que está en juego es la salud pública y la biodiversidad.
¿En qué información se basó México?
Esta es probablemente una de las preguntas más graves.
Según Ribeiro, México parece haberse basado únicamente en la información proporcionada por la propia empresa interesada en obtener la autorización. La investigadora cuestiona además que no existan formas adecuadas e independientes de intereses comerciales para evaluar esta tecnología. (La Jornada)
Las autoridades mexicanas, por su parte, han defendido el proceso. La Secretaría de Economía y COFEPRIS han sostenido que la autorización se otorgó tras una evaluación que consideraron rigurosa y conforme a las normas aplicables. (La Jornada)
Pero una cosa es afirmar que se realizó una evaluación y otra muy distinta permitir que la sociedad conozca cómo se realizó.
- ¿Dónde están los documentos técnicos?
- ¿Qué estudios se analizaron?
- ¿Quién realizó esas investigaciones?
- ¿Qué organismos no objetivo fueron considerados?
- ¿Qué análisis se hicieron sobre biodiversidad?
- ¿Qué estudios independientes evaluaron los efectos sobre la salud por exposición en el campo o por consumo?
Si la autorización puede afectar a comunidades, ecosistemas y sistemas agrícolas, la información en la que se basa no debería quedar protegida por una opacidad que beneficia principalmente a la empresa. La decisión es pública. Los riesgos son públicos. Los documentos también deberían ser públicos.
Patentar procesos de la vida
La discusión sobre estos plaguicidas no termina en los riesgos ambientales. También existe un conflicto de propiedad.
Ribeiro advierte que la propia empresa contempla en sus patentes escenarios en los que sus secuencias genéticas podrían encontrarse en otros organismos y dar lugar a reclamaciones por uso de patente. (La Jornada)
El problema es profundamente político y ético. Las corporaciones no solo buscan controlar la venta de una sustancia. Buscan extender la propiedad privada sobre tecnologías capaces de interactuar con procesos biológicos.
La vida se convierte en un nuevo campo de extracción. Se diseña una molécula. Se patenta. Se aplica en los ecosistemas. Y si los mecanismos jurídicos lo permiten, la empresa puede reclamar derechos sobre los usos asociados a su tecnología.
La agricultura mexicana ya conoce los efectos de la concentración corporativa. Las semillas patentadas y los paquetes tecnológicos han aumentado la dependencia de muchos productores. Los sistemas agrícolas han quedado atrapados en una lógica en la que producir significa comprar semillas, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas.
Ahora la industria presenta el ARN como la siguiente frontera. Lo que aún no se sabe es si estamos ante una herramienta al servicio de la agricultura o ante una nueva forma de profundizar el control corporativo sobre ella.
El riesgo no puede convertirse en una deuda de las comunidades
Las grandes empresas pueden abandonar una tecnología. Modificarla. Venderla. Reestructurarse. Las comunidades no pueden abandonar tan fácilmente un río contaminado, un suelo degradado o un ecosistema alterado. Por eso resulta inaceptable la lógica de acelerar una autorización y evaluar las consecuencias después.
La carga de la prueba no debería recaer sobre las comunidades afectadas. No deberían ser las campesinas y campesinos, los trabajadores agrícolas, las comunidades rurales y las personas expuestas quienes, dentro de algunos años, tengan que demostrar que una tecnología aprobada por el Estado causó daños.
El principio debería ser otro:
Antes de liberar una nueva tecnología en los ecosistemas, quien pretende obtener ganancias debe demostrar de manera pública, independiente y suficiente que no generará daños inaceptables.
Eso es aún más importante en México, donde la desigualdad define quién puede protegerse y quién queda expuesto.
Las comunidades rurales suelen vivir más cerca de las zonas de aplicación. Los trabajadores agrícolas están en contacto directo con los productos. Las personas que habitan cerca de los cultivos no siempre tienen acceso a información, atención médica especializada o mecanismos efectivos para denunciar.
La innovación, en esas condiciones, puede convertirse en otra forma de desigualdad ambiental.
No necesitamos nuevos mecanismos de dependencia
México necesita dejar atrás los plaguicidas altamente peligrosos pero sustituirlos por nuevas tecnologías corporativas no basta. La salida de la crisis agrícola no puede ser una carrera infinita para encontrar el siguiente producto patentable. La alternativa no está en depender de otra corporación, de otra patente o de otra sustancia diseñada para intervenir en los ecosistemas. Está en transformar las condiciones que han convertido a los plaguicidas en una necesidad estructural del modelo agrícola industrial.
La agroecología, la diversificación de cultivos, la recuperación de los suelos, el fortalecimiento de los sistemas agroforestales y el conocimiento campesino ofrecen caminos para reducir la dependencia de insumos externos. Eso requiere políticas públicas. Requiere inversión pública.
Además, plantea una pregunta decisiva: si existen recursos públicos para impulsar una nueva industria privada de plaguicidas, ¿por qué no existen recursos suficientes para fortalecer las alternativas agroecológicas que ya desarrollan comunidades y productores?
Una autorización que debe suspenderse y revisarse
México no debería aceptar que la biodiversidad se convierta en el campo de pruebas de una nueva generación de tecnologías corporativas. La primera autorización debe ser revisada.
COFEPRIS, SEMARNAT y SENASICA deben hacer públicos los documentos técnicos utilizados para aprobar el producto. Deben permitir una revisión independiente de la evidencia. Deben explicar qué riesgos evaluaron, cuáles no pudieron evaluar y por qué consideraron aceptable liberar esta tecnología en el ambiente y mientras esas respuestas no existan, la autorización debería suspenderse. No por miedo a la ciencia sino por responsabilidad.
La ciencia no consiste en repetir la publicidad de una empresa ni en acelerar procedimientos para atraer inversiones. La ciencia exige evidencia. Revisión. Transparencia. Capacidad de corregir.
Lo verdaderamente irresponsable no es cuestionar una tecnología nueva. Lo irresponsable es convertir a México en pionero de una tecnología cuyos riesgos no han sido suficientemente esclarecidos y presentar esa decisión como un simple triunfo de la innovación.
Porque detrás de la palabra «biofungicida» hay una empresa privada, patentes, apoyos públicos, ganancias privadas y una tecnología que será liberada en los ecosistemas.
Y, como advierte Silvia Ribeiro, existen alternativas reales y sostenibles que deberían recibir el apoyo público antes que nuevas formas de dependencia del agronegocio. (La Jornada)
Fuente de esta investigación
Esta entrada retoma y desarrolla la información y los cuestionamientos planteados por Silvia Ribeiro en su columna “Plaguicidas con ARN: nuevos peligros”, publicada en La Jornada el 22 de agosto de 2026. La nota resulta fundamental para comprender una dimensión del proyecto que la narrativa oficial ha relegado: los posibles riesgos ambientales, sanitarios, socioeconómicos y de bioseguridad de los plaguicidas basados en ar, así como la apropiación privada de sus beneficios. (La Jornada)
