¿Por qué este fallo puede influir en la lucha contra el glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos?
En recientes días, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo a favor de la empresa Bayer, esto representa uno de los acontecimientos jurídicos más relevantes de los últimos años en torno al polémico glifosato. Aunque la sentencia no concluye que este herbicida sea seguro ni resuelve el debate científico sobre sus posibles efectos en la salud, sí modifica el escenario legal en el que miles de personas han buscado responsabilizar a la empresa por los daños que atribuyen al uso del producto llamado Roundup cuyo principal ingrediente activo es el glifosato.
Esta resolución podría trascender las fronteras estadounidenses. Si bien no tiene efectos obligatorios en otros países, puede convertirse en un argumento utilizado por la industria agroquímica para fortalecer su defensa en procesos judiciales, regulatorios y políticos alrededor del mundo.
En México, donde el debate sobre el uso del glifosato continúa abierto y donde todavía existen de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) autorizados para uso agrícola, la sentencia merece atención. No porque cambie automáticamente las leyes mexicanas, sino porque puede influir en la forma en que las grandes corporaciones defiendan la permanencia de estos productos.
¿Qué resolvió la Corte Suprema?
La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió, por siete votos contra dos, que los estados no pueden exigir advertencias sobre el riesgo de cáncer distintas a las aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para los productos que contienen glifosato.
El caso no consistía en determinar si el glifosato produce cáncer o tiene algunas otras consecuencias secundarias.
La discusión jurídica fue distinta: los jueces analizaron si una empresa puede ser demandada por no incluir advertencias adicionales en la etiqueta de un producto cuando dicha etiqueta ya fue autorizada por la autoridad federal competente.
La mayoría del tribunal concluyó que la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) establece un sistema nacional uniforme para el etiquetado de plaguicidas y que los estados no pueden imponer requisitos adicionales.
En otras palabras, mientras la EPA no obligue a Bayer a colocar una advertencia sobre el riesgo de cáncer, la empresa no estaría incumpliendo la legislación federal por mantener la etiqueta actualmente autorizada. El fallo, por tanto, aborda un conflicto de competencias regulatorias y no una evaluación médica sobre la seguridad del glifosato.
Lo que la sentencia no dice
Activistas, científicos y mucha de la ciudadanía han interpretado la resolución como una especie de «absolución» científica del glifosato. La Corte Suprema no evaluó estudios toxicológicos, epidemiológicos ni evidencia médica. No determinó que el glifosato sea inocuo.Tampoco concluyó que no exista relación entre este herbicida y determinados tipos de cáncer. Su análisis fue exclusivamente jurídico.
El debate científico permanece abierto y continúa siendo objeto de investigaciones, revisiones regulatorias y posiciones divergentes entre distintos organismos internacionales.
Bayer, Monsanto y el glifosato
La controversia alrededor del glifosato comenzó mucho antes de este fallo. Durante décadas, Roundup, desarrollado originalmente por Monsanto y actualmente comercializado por Bayer tras la compra de la empresa en 2018, se convirtió en el herbicida más utilizado del planeta.
Su éxito comercial estuvo ligado al desarrollo de cultivos genéticamente modificados resistentes al glifosato, lo que permitió aplicar el herbicida directamente sobre grandes extensiones agrícolas.
Sin embargo, la situación cambió en 2015 cuando la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó al glifosato como «probablemente carcinógeno para los seres humanos». Desde entonces comenzaron miles de demandas de personas que afirmaban haber desarrollado linfoma no Hodgkin tras años de exposición al producto.
Aunque otros organismos reguladores «incluida la EPA» han sostenido que la evidencia disponible no demuestra un riesgo cancerígeno cuando el producto se utiliza conforme a las instrucciones, la discrepancia científica ha alimentado uno de los litigios corporativos más grandes de la historia reciente.
Bayer ha destinado miles de millones de dólares para enfrentar acuerdos judiciales e indemnizaciones relacionadas con estos casos. Por esto, la nueva decisión de la Corte Suprema representa un alivio significativo para la empresa porque limita una de las principales vías mediante las cuales podían presentarse nuevas demandas.
¿Por qué este fallo importa fuera de Estados Unidos?
En términos estrictamente jurídicos, no existe ninguna obligación para que los tribunales mexicanos, europeos o latinoamericanos adopten el mismo criterio.
Cada país posee:
- su propio sistema judicial;
- sus propias leyes sobre responsabilidad civil;
- sus agencias regulatorias;
- sus procedimientos para autorizar plaguicidas.
Sin embargo, las decisiones de tribunales tan influyentes como la Corte Suprema estadounidense suelen convertirse en referencias utilizadas por abogados corporativos en distintos países.
Una victoria jurídica que también fortalece la posición política de la empresa
Las grandes corporaciones no solo litigan en tribunales. También participan en procesos regulatorios, consultas públicas y negociaciones con gobiernos. Reducir el riesgo de enfrentar nuevas demandas modifica el equilibrio de poder. Con una menor presión judicial en Estados Unidos, Bayer puede concentrar mayores recursos en defender la permanencia del glifosato en otros mercados.
Esta resolución favorable de la máxima autoridad judicial estadounidense puede ser presentada como un respaldo institucional durante discusiones internacionales sobre regulación de plaguicidas. Aunque el argumento no tenga fuerza obligatoria, sí puede influir en la percepción de algunos actores políticos y económicos.
Mientras tanto ¿Qué pasa en México?
La discusión sobre el glifosato en México ha adquirido una dimensión distinta. No solo se trata de una posible relación con el cáncer. También involucra temas como:
- soberanía alimentaria;
- dependencia tecnológica;
- contaminación del agua;
- conservación de la biodiversidad;
- salud ambiental;
- derechos de comunidades rurales.
Durante los últimos años, el gobierno mexicano impulsó una política orientada a reducir progresivamente el uso del glifosato y promover alternativas agrícolas menos dependientes de este herbicida.
Empresas agroquímicas, organizaciones empresariales y algunos sectores agrícolas han defendido la permanencia del producto argumentando que actualmente no existen sustitutos con la misma eficacia y costo.
Por otro lado, organizaciones ambientalistas, investigadores y comunidades campesinas sostienen que el modelo agrícola basado en el uso intensivo de herbicidas ha generado impactos ambientales y sanitarios que requieren una transformación profunda. El fallo estadounidense no modifica directamente este debate pero sí puede aportar nuevos argumentos a quienes buscan mantener el uso del glifosato.
El problema va mucho más allá del glifosato
Reducir la discusión únicamente al glifosato puede ocultar una realidad mucho más amplia. En México se continúa utilizando numerosos plaguicidas considerados altamente peligrosos. Diversas investigaciones y organizaciones especializadas han señalado que en el país permanecen registrados ingredientes activos que ya fueron prohibidos o severamente restringidos en otras regiones debido a sus riesgos para la salud humana y el ambiente.
Algunos presentan evidencia de:
- carcinogenicidad;
- alteraciones hormonales;
- neurotoxicidad;
- toxicidad reproductiva;
- persistencia ambiental;
- afectaciones a polinizadores;
- contaminación de cuerpos de agua.
Esto significa que incluso si el glifosato desapareciera del mercado, el desafío sanitario y ambiental seguiría siendo enorme.
El papel de las agencias regulatorias
La sentencia también pone en evidencia el enorme peso que tienen las agencias encargadas de autorizar plaguicidas. Si los tribunales consideran que las empresas deben seguir únicamente las advertencias exigidas por estas instituciones, entonces la calidad, independencia y transparencia de sus evaluaciones adquieren una importancia aún mayor.
Las decisiones regulatorias dejan de ser únicamente técnicas. Se convierten en el punto de partida para definir responsabilidades legales futuras. Por ello, diversos especialistas insisten en la necesidad de que las evaluaciones científicas sean independientes, transparentes y estén libres de conflictos de interés.
Una sentencia que trasciende un solo herbicida
Más allá del glifosato, el fallo plantea una pregunta de fondo:
¿Quién define cuándo un producto químico requiere advertencias para proteger a la población?
La respuesta tiene implicaciones que alcanzan no solo a Bayer, sino a toda la industria química. Si las advertencias dependen exclusivamente de las agencias regulatorias y los tribunales limitan la posibilidad de exigir requisitos adicionales, el centro del debate se desplaza hacia la capacidad de esas instituciones para incorporar oportunamente nueva evidencia científica.
En un contexto donde constantemente aparecen estudios sobre riesgos ambientales y sanitarios de distintas sustancias, esa discusión cobra especial relevancia.
La lucha contra las sustancias tóxicas no termina en los tribunales
FInalmente, la decisión de la Corte Suprema estadounidense representa una victoria jurídica importante para Bayer, sin embargo, no resuelve la controversia científica sobre el glifosato, ni elimina el debate internacional acerca del uso de plaguicidas altamente peligrosos. Así como tampoco modifica las facultades que tienen otros países para establecer sus propias políticas de salud pública, protección ambiental y regulación agrícola.
En México, donde persiste la discusión sobre la transición hacia modelos agrícolas menos dependientes de agroquímicos y donde aún permanecen autorizadas numerosas sustancias altamente peligrosas, el fallo debe entenderse en su justa dimensión. No cambia las reglas nacionales pero sí fortalece la posición estratégica de una de las mayores empresas agroquímicas del mundo y podría influir en futuras discusiones regulatorias y judiciales.
El caso recuerda que la protección de la salud y del ambiente no depende únicamente de los tribunales. También requiere instituciones regulatorias sólidas, investigación científica independiente, acceso público a la información y mecanismos efectivos para revisar, actualizar o retirar sustancias cuando la evidencia así lo justifique. Esa discusión seguirá abierta mucho después de esta sentencia.
